La nueva geografía del crecimiento

Los datos de 2025 muestran una bifurcación sin antecedentes recientes. El crecimiento del EMAE a nivel nacional —5,5% interanual en marzo de 2026— no se distribuye entre provincias: se concentra. La correlación entre el dinamismo extractivo y el comportamiento del ingreso bruto es tan elevada que prácticamente no deja margen para interpretaciones alternativas.

La paradoja de Catamarca merece atención especial. La provincia exhibe el mayor crecimiento exportador relativo del país —traccionado por los salares de litio de la Puna— pero al mismo tiempo pierde empleo formal privado a una tasa del 10,5%, la más alta del país junto a Tierra del Fuego y Santa Cruz. El dato no es contradictorio: la mina genera empleos altamente calificados, a menudo cubiertos por trabajadores de otras provincias en régimen de rotación, mientras la economía de servicios locales se contrae por la caída de la demanda agregada doméstica. Las divisas entran, pero la derrama en el mercado de trabajo local es acotada.

Buenos Aires: la paradoja automotriz

La provincia más grande del país registró una caída real del IB combinada con una paradoja sectorial que ilustra la complejidad del proceso. La producción automotriz cayó un 17,5% en unidades producidas durante 2025, pero las exportaciones del sector crecieron un 18,8%. El fenómeno es consistente con una reorientación exportadora bajo tipo de cambio competitivo: las terminales (Ford Pacheco, Stellantis General Pacheco, Toyota Zárate) producen menos para el mercado interno y exportan más a Brasil y México. El mercado interno no absorbe: el crédito al consumo encareció y el salario real recuperó solo parcialmente la caída de 2024.

El textil bonaerense opera al 60% de su capacidad instalada, afectado por la importación a tasas reducidas. Whirlpool anunció el cierre de su planta de Pilar en el segundo semestre de 2025. (Fuente única — no verificado en segunda fuente independiente.)

Tierra del Fuego: el fin de la burbuja electrónica

El Decreto 333/2025 redujo progresivamente los beneficios de la Ley 19.640, que durante cuatro décadas había sostenido una industria electrónica basada en aranceles preferenciales y no en ventajas productivas reales. Las plantas de ensamblado de Río Grande —que representaban el 78% del empleo formal privado provincial— iniciaron un proceso de reducción de turnos y retiros voluntarios. La provincia perdió el 9,8% de su padrón asalariado privado en doce meses, la segunda caída relativa del país. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, la reforma tiene justificación: el consumidor argentino pagaba electrónica fueguina un 40-60% más cara que el precio internacional. El costo social de la transición es el desafío no resuelto.

Norte Grande: la restricción fiscal

El bloque conformado por Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja enfrenta una restricción presupuestaria que tiene dos causas concurrentes: la caída real de la coparticipación y el déficit acumulado de las cajas previsionales provinciales. En Chaco, las transferencias nacionales financian cerca del 75% del gasto público provincial. En ese contexto, una caída del 5% real en la masa coparticipada equivale a recortar hospitales, escuelas o salarios estatales. Los diez gobernadores firmaron en mayo de 2026 un documento conjunto —el primero de esa magnitud en la gestión Milei— articulando sus demandas en términos técnicos y políticos.

El mecanismo es relativamente simple: la ARCA (ex AFIP) recauda impuestos nacionales coparticipables —IVA, Ganancias, Bienes Personales, entre otros— y transfiere automáticamente una parte predeterminada a las provincias según coeficientes fijos. El 42,34% de la masa va a la Nación y el 56,66% a las provincias y CABA. Dentro del bloque provincial, Buenos Aires recibe el 21,34%; Córdoba el 9,22%; Santa Fe el 8,94%; Mendoza el 4,33%; y así sucesivamente hasta las provincias más pequeñas.

El problema no está en el mecanismo sino en los coeficientes. Fueron negociados políticamente hace treinta y ocho años, cuando la Argentina tenía una geografía económica radicalmente diferente. En 1988 no existía Vaca Muerta, no había producción de litio a escala, y el complejo soja representaba una fracción mucho menor del total exportado. Los coeficientes no reflejan la participación actual de cada provincia en el PBI, en la recaudación tributaria, ni en la exportación de recursos naturales.

La caída real de 2025

La masa coparticipada creció nominalmente alrededor del 25% en 2025. Con una inflación acumulada en el período de aproximadamente el 32%, el resultado fue una caída real de entre 5% y 7% en recursos provinciales. El recorte no es solo político: responde también a la baja de alícuotas del impuesto PAIS, cuya recaudación fue afectada por la salida del cepo cambiario, y a la reducción de la alícuota de aportes que ARCA transfiere del 1,9% al 1%, que impacta en las cajas previsionales no transferidas al sistema nacional.

Para las provincias que dependen del Estado nacional como financiador mayoritario, una caída real del 5% en la coparticipación no es una línea en un presupuesto: es la decisión concreta de pagar o no pagar salarios estatales en tiempo y forma.

El mandato constitucional incumplido

La reforma constitucional de 1994 estableció en la disposición transitoria sexta que el Congreso debía sancionar una nueva ley convenio de coparticipación antes del 31 de diciembre de 1996. Treinta años después, esa ley no existe. Se han presentado decenas de proyectos y ninguno prosperó por la razón más obvia: cualquier fórmula que beneficie a las provincias productoras reduce en espejo lo que reciben las provincias redistributivas, y viceversa. El equilibrio político que haría posible ese consenso nunca se alcanzó.

Las alícuotas actuales

En hidrocarburos, la regalía es del 12% sobre el valor en boca de pozo, establecida por la Ley 17.319 y confirmada por la Ley 27.007. En minería, la Ley 24.196 fija una tasa máxima del 3% sobre el valor en boca de mina para la mayoría de los minerales metalíferos, incluyendo el litio. Esas tasas no se modificaron en décadas. En perspectiva regional, Argentina aplica las alícuotas más bajas del Cono Sur para ambos sectores.

Chile tiene desde 2024 un royalty minero progresivo que va del 8% al 26,5% sobre la renta operacional para proyectos con ventas superiores a 50.000 toneladas de cobre. Perú aplica un esquema escalonado entre el 1% y el 12% sobre ventas, con componente adicional sobre rentabilidad. Bolivia cobra regalías del 6% al 11% para litio, con participación estatal directa a través de YLB. Argentina en 3% queda en el extremo inferior de la región.

La Mesa del Litio y la propuesta del 5%

Jujuy, Salta y Catamarca conformaron la Mesa del Litio para negociar en bloque con el gobierno nacional y con los inversores privados. La propuesta de elevar la alícuota al 5% tiene sustento constitucional (el art. 124 asigna soberanía sobre el recurso a la provincia), sustento fiscal (el litio cotiza en dólares y las regalías son el único mecanismo directo de captura de renta para la provincia) y sustento comparativo (el 5% sigue siendo inferior a cualquier punto de referencia regional).

La resistencia viene de dos fuentes. Los inversores argumentan que el RIGI establece condiciones de estabilidad fiscal comprometidas por el Estado nacional que no pueden ser alteradas unilateralmente, y que subir la regalía provincial rompe esa garantía. El gobierno nacional sostiene que una interpretación restrictiva del RIGI no impide que las provincias ajusten sus propias alícuotas, pero no ha dado señales claras en ningún sentido. El senador neuquino Marcos Royón presentó un proyecto de ley para aclarar que las regalías provinciales no están alcanzadas por la estabilidad fiscal del RIGI: el texto sigue en comisión.

Yacyretá y el caso de las regalías hídricas

Corrientes y Misiones reciben regalías de la represa Yacyretá en concepto de aprovechamiento del recurso hídrico compartido con Paraguay. El mecanismo está fijado por el Tratado de Yacyretá (1973) y por la Ley 25.230, que establece la distribución de regalías entre ambas provincias. Sin embargo, el valor de esas transferencias en términos reales ha caído por la actualización insuficiente de la tarifa eléctrica de referencia. Las provincias reclaman actualización; la Entidad Binacional Yacyretá responde que el ajuste depende del marco tarifario nacional. El nudo es el mismo que en las regalías mineras: la provincia tiene la soberanía del recurso pero el precio lo fija otra institución.