Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Los 5 días hábiles son para la entrega efectiva del inmueble una vez que el juez ya dictó la orden de desalojo. El proceso judicial previo —presentación, vista a la otra parte, resolución— continúa con sus plazos habituales. Un juicio de desalojo en Argentina tarda entre 1 y 3 años según la jurisdicción.

Lo que cambia es la rapidez de la ejecución, no la duración del juicio. La confusión se origina en lecturas parciales del texto que omiten la secuencia procesal completa.

El Estado puede expropiar. Lo que cambia: debe justificar específicamente la utilidad pública, pagar al valor de mercado más lucro cesante, hacerlo antes de tomar posesión, y restituir el bien si no ejecuta la obra en dos años.

El derecho de expropiación existe y sigue existiendo en la Constitución Nacional (Art. 17). El proyecto modifica las condiciones para ejercerlo, no lo elimina. Comparativamente, las nuevas condiciones se acercan al estándar de la Quinta Enmienda de EE.UU. y al régimen chileno.

El proyecto transfiere la regularización a provincias y municipios, que podrán avanzar con escrituras. Pero la escritura también habilita la venta: en zonas de alta presión inmobiliaria, eso puede derivar en desplazamiento.

El riesgo de regresividad es real y no está resuelto en el texto. En Brasil, la regularización de favelas a través del programa Minha Casa, Minha Vida mostró exactamente este efecto: familias que recibieron títulos en zonas valorizadas vendieron y se mudaron a la periferia en porcentajes significativos.

El incendio intencional sigue siendo delito. El argumento oficial: las restricciones no disuaden los incendios (que siguen ocurriendo) pero castigan al propietario inocente.

El argumento en contra: la posibilidad de uso posterior crea un incentivo económico que la pena por sí sola no neutraliza, especialmente cuando la probabilidad de condena por incendio rural es históricamente baja en Argentina.

Modelos comparados como el de Portugal (post-incendios de 2017) exigen un período de verificación del origen del siniestro antes de autorizar cualquier cambio de uso. El proyecto argentino no incluye un mecanismo equivalente.

El proyecto tiene componentes que benefician a propietarios individuales (indemnización previa, retrocesión), otros que afectan a sectores vulnerables (aceleración de desalojos, debilitamiento del RENABAP centralizado) y otros cuyo impacto depende de la implementación (descentralización, tierras rurales).

La caracterización binaria —a favor de ricos o de pobres— es un atajo retórico que oscurece la complejidad real del texto. Cada capítulo tiene ganadores y perdedores distintos, y el resultado final depende de las modificaciones que introduzca el Senado y de cómo se reglamente la ley una vez aprobada.

Entre 1 y 3 años en el proceso judicial estándar, dependiendo de la jurisdicción y la carga del juzgado. El proyecto no acorta el juicio: agiliza la etapa de ejecución de la sentencia. El plazo de 5 días aplica para la entrega material del inmueble una vez ordenada judicialmente.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (Ministerio de Justicia), el 8,9% de la superficie rural tiene algún componente de capital extranjero, muy por debajo del tope del 15%. El límite vigente no está siendo alcanzado. Lo que el proyecto cambia es el techo máximo permitido a futuro: de 15% a ilimitado para privados.

El proyecto prevé una inspección con participación del Defensor Público antes de ejecutar el desalojo. Sin embargo, el texto no establece plazos mínimos adicionales ni mecanismos de asistencia habitacional. Eso queda fuera del proyecto y depende de políticas sociales locales que no forman parte de esta reforma.

El DNU 70/2023 ya derogó la Ley 26.737. La Justicia dictó una cautelar que la mantuvo vigente. El Gobierno necesita una ley del Congreso para que el cambio tenga solidez jurídica y no sea reversible por un juez. Es una lección aprendida de 2024.

La cámara de inicio es el Senado y el oficialismo no tiene quórum propio. PRO y UCR expresaron disposición a acompañar con modificaciones. El Gobierno aceptará retoques a cambio de votos. Los puntos de mayor resistencia: tierras rurales y RENABAP. Es altamente probable que el texto aprobado difiera del original.

En materia de expropiaciones, el proyecto se acerca al estándar de EE.UU. y Chile (protección fuerte al propietario). Pero en tierras rurales, va en dirección contraria a la tendencia global: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la UE mantienen o refuerzan restricciones a la compra por extranjeros. En materia de regularización, Brasil ofrece una referencia mixta: formalizó millones de títulos pero enfrentó desplazamiento en zonas valorizadas.

Ninguno mientras el contrato esté vigente y se cumpla. El desalojo expedito aplica a contratos vencidos o a situaciones de mora comprobada, no a contratos en curso. Un inquilino al día con su alquiler y dentro de su plazo contractual no es alcanzado por el mecanismo de desalojo rápido.