Reforma Laboral Argentina: Ley 27.802

Lo que dice el texto. El artículo 245 sigue fijando un mes de sueldo por año de servicio, pero define qué sueldo se toma. Cuenta solo lo que se cobra todos los meses, así que dejan de incidir el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales. Los conceptos variables se promedian en los últimos seis meses o en el último año, lo que convenga al trabajador.

El tope. La base no puede superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, pero tampoco puede quedar por debajo del 67% de la remuneración del trabajador, el piso que fijó la Corte Suprema en el fallo “Vizzoti” de 2004.

El efecto. Para la mayoría de los despidos la indemnización baja, porque se excluyen conceptos que antes integraban la base.

Cómo funciona. Cada empleador abre una cuenta propia, inembargable, en un fondo administrado por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (art. 59). Aporta todos los meses el 1% de las remuneraciones si es una gran empresa y el 2,5% si es una pyme (art. 60).

Para qué sirve. El dinero solo puede usarse para pagar indemnizaciones y otros rubros del despido (art. 58). La indemnización sigue existiendo y se calcula igual. Lo que cambia es de dónde sale la plata.

Cuándo empieza. El Decreto 408/2026 lo reglamentó y postergó su vigencia al 1 de noviembre de 2026. No está claro si lo acumulado va a alcanzar para cada despido ni cómo se cubre la diferencia.

Banco de horas. Empleador y trabajador pueden acordar por escrito compensar horas extra con tiempo libre, con límites y un registro de control (art. 197 bis).

Vacaciones. Siguen corriendo entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero las partes pueden acordar tomarlas en otro momento (art. 154).

Cambios en las condiciones. Si el empleador altera algo esencial del contrato, el trabajador puede intimarlo y, si no se corrige, considerarse despedido (art. 66). El nuevo texto ya no menciona la opción de reclamar que se restablezcan las condiciones anteriores.

Reparto y movilidad. La ley crea un régimen para quienes trabajan a través de aplicaciones de reparto o transporte de personas. Los define como prestadores independientes, libres de conectarse a cualquier plataforma en los horarios que elijan (arts. 119 y siguientes).

Estatutos derogados. Desde el 1 de enero de 2027 quedan derogados, entre otros, el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el de los viajantes de comercio (Ley 14.546) y la ley de teletrabajo (Ley 27.555). Esas actividades pasan a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo y sus convenios.

Formalización. El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, abierto durante un año, baja al 2% las contribuciones patronales a la seguridad social durante 48 meses por cada trabajador nuevo que no estuviera registrado al 10 de diciembre de 2025, viniera del desempleo o del monotributo, o dejara un empleo público (arts. 156 a 159).

Regularización. Los empleadores pueden registrar relaciones en negro iniciadas hasta la promulgación, con condonación de multas y extinción de la acción penal según lo que defina la reglamentación (arts. 168 y 169).

Inversiones. El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, arts. 177 y siguientes) ofrece beneficios fiscales a proyectos de menor escala que los del RIGI.

Lo que dice la teoría. Si el empleador tiene costos de despido menores, hay incentivos a contratar más (efecto empleo).

Lo que dice la evidencia. En Brasil (2017) y España, la flexibilización aumentó empleabilidad en sectores de bajo salario, pero no generó “empleo masivo”. La informalidad se mantuvo.

Realidad argentina. Después de una década de estancamiento con inflación alta, los costos de despido son un factor, pero no el único. Inversión, demanda y estabilidad macroeconómica importan más.

Lo que dice el cuestionamiento. La ley 27.802 elimina la LCT y deja a trabajadores sin protección alguna.

Realidad legal. La Ley 20.744 (LCT) no se deroga y sigue vigente. Lo que se modifica son artículos específicos, como la base de la indemnización, las vacaciones, la jornada y los cambios en las condiciones de trabajo.

Lo que sí cambia. Las modificaciones son profundas y afectan pilares que se consideraban de orden público (no negociables). Con la cautelar levantada, ya tienen efecto real sobre los derechos existentes.

La cautelar duró poco más de un mes. La obtuvo la CGT el 30 de marzo de 2026 (juez Ojeda, Juzgado Nacional del Trabajo N°63) y el 8 de mayo la jueza Marra Giménez, ya en el fuero Contencioso Administrativo Federal, la dejó sin efecto. El 8 de julio de 2026 la Cámara (Sala IV) confirmó ese levantamiento y rechazó un nuevo pedido de suspensión de la CGT. Los 81 artículos siguen rigiendo, aunque el fondo continúa en litigio.

Lo que falta. El fallo de fondo sobre la constitucionalidad. La revocación no resolvió ese planteo ni la legitimación de la CGT, que continúa el litigio. Puede tardar años y llegar a la Corte Suprema.

Lo que dicen las leyes. Las multas de la Ley 24.013 y la Ley 25.323, que cobraba el trabajador al probar que estaba en negro, las derogó la Ley Bases en 2024 (arts. 99 y 100 de la Ley 27.742). La obligación de registrar y de pagar aportes sigue vigente.

Lo que agrega la Ley 27.802. Un régimen de regularización con condonación de multas y una rebaja de contribuciones para los empleos nuevos. El Gobierno sostiene que los incentivos funcionan mejor que las sanciones. Los sindicatos responden que sin multas el empleador informal no corre ningún riesgo.

Comparativa internacional.

• Estados Unidos. No hay período de prueba porque rige el empleo a voluntad.
• Alemania. La protección contra el despido arbitrario empieza a los seis meses.
• Francia. De dos a cuatro meses según la categoría, renovable una vez.
• España. Hasta seis meses para técnicos titulados y dos meses para el resto.
• Brasil. El contrato de experiencia dura como máximo 90 días.

Conclusión. Un año de prueba está entre los más largos de la comparación. Ese plazo lo habilitó la Ley Bases en 2024 para empresas de hasta cinco trabajadores con acuerdo del convenio, y la Ley 27.802 no lo modificó.

Argumento pro-ley. Las regulaciones restrictivas desalientan inversión y empleo; cuanto antes rija la reforma, mejor para la creación de empleo.

Argumento anti-ley. No existe evidencia de que flexibilización laboral genere inversión sin demanda agregada. La inversión depende de rentabilidad, estabilidad macroeconómica y expectativas de ventas.

Realidad argentina. El capítulo laboral del DNU 70/2023, de diciembre de 2023, quedó suspendido por la Justicia a las pocas semanas y nunca llegó a aplicarse, así que no sirve como prueba en ningún sentido. Lo que sí muestra la serie es que el empleo asalariado registrado viene cayendo desde mediados de 2025, con la reforma vigente desde mayo de 2026, y en junio sumaba trece meses de baja casi ininterrumpida. Es pronto para atribuirlo a la ley, pero tampoco hay señal de que la haya revertido.

Pregunta abierta. ¿Es la rigidez laboral o la macroeconomía lo que explica la economía argentina? La evidencia sugiere lo segundo.

Son dos leyes distintas. La Ley 27.742, conocida como Ley Bases, fue sancionada en julio de 2024 e introdujo reformas en múltiples áreas (desregulación económica, privatizaciones, RIGI, entre otras).

La reforma laboral que analiza este artículo es la Ley 27.802, sancionada el 27 de febrero y promulgada el 6 de marzo de 2026. Es una norma autónoma que modifica más de cuarenta artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales.

La confusión es frecuente porque el Gobierno anunció desde 2024 la intención de reformar el marco laboral, pero la ley concreta es la 27.802, no la Ley Bases.