Reforma Penal Juvenil

1. Punibles desde los 14 años

El régimen se aplica a quienes tienen entre 14 y 18 años al momento del hecho, por cualquier delito del Código Penal o de leyes especiales (artículo 1). Con la ley anterior, los de 16 y 17 eran punibles solo por delitos con penas mayores a dos años. Si no se puede acreditar la edad, se presume la menor (artículo 2).

2. Un tope único de 15 años

Se prohíbe la prisión perpetua y la privación de libertad no puede superar los 15 años, aunque se sumen varios delitos (artículo 19). Cumplidos dos tercios, el resto puede pasar a penas alternativas. Al llegar a los 18, el condenado completa la pena en una cárcel de adultos (artículo 30).

3. Penas alternativas a la prisión

Si el delito tiene una pena de hasta tres años, la prisión debe reemplazarse por otra pena. Si va de tres a diez años y no hubo muerte ni violencia grave, el juez puede reemplazarla (artículo 11). Las alternativas del artículo 12 son estas.

• Amonestación, siempre junto con otra pena.
• Prohibiciones de contacto con la víctima, de conducir, de concurrir a ciertos lugares o de salir del país o de la ciudad.
• Servicios a la comunidad en hospitales, escuelas o entidades sin fines de lucro.
• Monitoreo electrónico, solo o como complemento de otra pena.
• Reparación integral del daño a la víctima.

Salvo la amonestación y la reparación, ninguna puede durar más de tres años (artículo 15). Si se incumplen, el juez debe pasar a la privación de libertad, que puede cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado (artículo 17).

4. Medidas complementarias y supervisión

Junto con la pena, el juez debe imponer una o más medidas complementarias (artículo 8). Entre ellas están terminar la escuela obligatoria, capacitarse en un oficio, hacer un tratamiento médico o psicológico, conseguir trabajo cuando la edad lo permita y no consumir alcohol ni drogas. Un supervisor con formación en educación, psicología, adicciones o trabajo social lo entrevista cada semana e informa al juez todos los meses (artículo 23).

5. Víctimas, mediación y salidas anticipadas

La víctima tiene asistencia psicológica y patrocinio jurídico gratuitos, y debe ser escuchada antes de reemplazar la prisión o de conceder una salida anticipada (artículos 11, 19 y 40). Para delitos con pena máxima de hasta seis años, sin muerte ni violencia grave, el fiscal puede no acusar y las partes pueden ir a una mediación, que exige el consentimiento de la víctima (artículos 41 y 42). Los padres responden civilmente por los daños de acuerdo con el Código Civil y Comercial (artículo 7).

• Un adolescente de 14 años puede entender lo que hace, y muchos países lo juzgan desde esa edad.
• La ley anterior no daba respuesta a los de 14 y 15. No había juicio, ni defensa con garantías, ni reparación para la víctima.
• Las víctimas tienen ahora asistencia, patrocinio gratuito y voz en las decisiones.
• Se reemplaza una norma de la dictadura que la Corte Interamericana mandó adecuar en el caso Mendoza de 2013.

• UNICEF Argentina valoró que hubiera un régimen nuevo, pero se opuso a bajar la edad. Sostiene que las respuestas sin encierro funcionan mejor.
• El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda que la edad mínima sea de al menos 14 años y alienta a los países a subirla, nunca a bajarla.
• El sistema penal llega sobre todo a los adolescentes pobres, y bajar la edad amplía esa selectividad.
• El tope de 15 años es alto para la región y una condena larga a esa edad compromete la reinserción.

• Capacidad provincial. Hacen falta institutos, equipos interdisciplinarios y supervisores.
• Especialización. Jueces, fiscales y defensores deben acreditar formación en derecho penal juvenil (artículo 38).
• Uniformidad. Mientras cada provincia no adapte su procedimiento, la misma ley puede aplicarse de formas distintas.