01 / Resumen ejecutivo

Lo que dice el proyecto en concreto

6 hallazgos centrales

  • Dato clave NO es una sola reforma: el proyecto agrupa bajo un mismo nombre cinco modificaciones legales sustancialmente distintas. Tratarlas como un bloque homogéneo —a favor o en contra— distorsiona el análisis técnico de cada una.
  • Reforma Expropiaciones (Ley 21.499): el concepto de "utilidad pública" se vuelve más restrictivo. La indemnización debe incluir lucro cesante, pagarse antes de la toma de posesión y fijarse al valor de mercado previo a la intervención estatal. Si el Estado no ejecuta la obra en dos años, el propietario puede recomprar el bien.
  • Reforma Desalojo expedito: no crea un procedimiento desde cero. Extiende mecanismos ya existentes en los artículos 680 bis y 684 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El plazo de 5 días hábiles aplica para la entrega del inmueble una vez ordenada judicialmente, no desde la denuncia.
  • Debate abierto Tierras rurales (Ley 26.737): la ley sería casi completamente reescrita. El tope del 15% de propiedad extranjera quedaría solo para estados extranjeros: desaparece para personas físicas o jurídicas privadas de capital foráneo.
  • Riesgo potencial Barrios populares: el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, creado por la Ley 27.453 para inscribir villas y asentamientos y avanzar con su regularización dominial) se reformula. La regularización pasa de la Nación a provincias y municipios. La escritura habilita la venta: en zonas con presión inmobiliaria, eso puede derivar en desplazamiento.
  • Debate abierto Manejo del fuego (Ley 26.815): las restricciones de 60 años sobre tierras quemadas serían eliminadas. El delito de incendio intencional no cambia, pero el incentivo económico posterior al fuego tampoco queda neutralizado en el texto.

02 / Proceso legislativo

Cómo llegó este proyecto al Senado

El proyecto no nace de la nada: es el tercer intento del Gobierno por modificar estas leyes. Los dos anteriores fracasaron por vía judicial o legislativa.

  1. Diciembre 2023: Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (primer intento)

    El decreto de necesidad y urgencia derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales y modificó aspectos del régimen de alquileres. La CGT y organizaciones rurales presentaron amparos en todo el país.

  2. Febrero 2024: cautelar de la Cámara Federal

    La Cámara Federal de La Plata dictó una medida cautelar que mantuvo vigente la Ley 26.737, argumentando que el decreto afectaba materias que requieren ley formal del Congreso. La cautelar fue confirmada en instancias superiores.

  3. 2024: Ley Bases (segundo intento parcial)

    Parte de estas reformas fueron incluidas en la Ley Bases, pero los artículos sobre tierras rurales y propiedad fueron eliminados durante la negociación parlamentaria a cambio de votos en otros capítulos.

  4. Marzo 2026: proyecto formal al Senado

    El Poder Ejecutivo envía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 53 artículos, 6 capítulos. Cámara de origen: Senado. El Gobierno elige la vía legislativa para blindar la reforma de futuras impugnaciones judiciales. El envío forma parte de una ofensiva legislativa más amplia que ya había producido la Ley 27.802 de Reforma Laboral y la reforma a la Ley de Glaciares.

  5. 8 de abril 2026: plenario de comisiones

    El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expone ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado. Senadores del PRO y la UCR manifiestan disposición a acompañar con modificaciones. Los puntos más resistidos: tierras rurales y RENABAP.

  6. 6 de mayo 2026: acuerdo político para dictaminar

    Reunión entre Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO) y Carlos Espínola (Provincias Unidas). Acordaron eliminar el capítulo sobre barrios populares (RENABAP) como condición de los bloques dialoguistas para suscribir el dictamen. Quedaban pendientes ajustes menores en desalojos y tierras rurales.

  7. 20 de mayo 2026: dictamen de mayoría en comisiones

    Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General sesionaron en forma conjunta. El dictamen de mayoría reunió diez firmas en la primera y nueve en la segunda: La Libertad Avanza, UCR, PRO y bloques provinciales dialoguistas. Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. El texto incorpora el tope del 30% al lucro cesante, la fórmula IPC más tasa activa del Banco Nación, elimina el capítulo RENABAP y reformula el régimen de tierras rurales con autorización provincial para excepciones aplicables a estados extranjeros.

  8. 25 de mayo 2026: pendiente de votación en recinto

    Al cierre de este análisis, el dictamen está habilitado para el recinto del Senado. La sesión tentativa es la semana del 28 de mayo, sujeta al número de senadores disponibles.

¿Por qué al Congreso y no por DNU? La experiencia del DNU 70/2023 demostró que la vía administrativa es insuficiente para reformas de este calibre. La Justicia interpretó que modificar regímenes de propiedad rural y derechos habitacionales requiere una ley formal. El Gobierno necesita el aval del Congreso para que los cambios sean jurídicamente sólidos.

03 / Los cinco pilares

Lo que modifica cada capítulo

Cada capítulo del proyecto modifica una ley diferente. Seleccioná un pilar para leer el análisis detallado de cada reforma.

Expropiaciones — Reforma de la Ley 21.499

La ley de expropiaciones vigente data de 1977. El proyecto propone tres cambios sustanciales en la forma en que el Estado puede apropiarse de bienes privados declarando utilidad pública.

1. Definición más acotada de "utilidad pública". La declaración debe "identificar de manera específica y concreta el propósito perseguido" y ser "idónea, necesaria y proporcional". Hoy el concepto es amplio y la Justicia ha tolerado una interpretación laxa.

2. Indemnización: valor de mercado previo más lucro cesante. El valor se fija antes de la intervención estatal y se actualiza por inflación más tasa de interés comercial. Se incorpora el lucro cesante. El Estado debe pagar antes de tomar posesión, invirtiendo la práctica habitual donde el propietario esperaba años.

3. Derecho de retrocesión a los 2 años. Si el Estado no inicia la obra dentro de los dos años, el propietario original puede recomprar el bien al mismo valor ajustado. Pone un límite temporal al uso de bienes expropiados como reserva sin destino.

Actualización Dictamen 20/5: el texto precisó dos puntos del régimen de indemnización. El lucro cesante queda limitado al 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado acredite una afectación mayor con prueba objetiva y concreta, sin duplicar rubros. La tasa de actualización combina el IPC más la tasa activa del Banco Nación a 30 días. La fecha de valuación se fija en el momento anterior a cualquier acto vinculado a la expropiación.

Contexto: en Argentina, los procesos de expropiación con pago tardío se cuentan por miles. El caso más emblemático es el de la ex AU3 en Buenos Aires, con propiedades expropiadas en los años 70 que al día de hoy no fueron indemnizadas completamente.

Desalojo expedito — Reforma del CPCCN

El proyecto no crea un procedimiento nuevo desde cero: extiende y consolida mecanismos ya existentes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 680 bis y 684 bis), que hoy tienen aplicación limitada y despareja según la jurisdicción.

¿A quiénes aplica? Locatarios con contrato vencido o en mora, tenedores precarios, intrusos y usurpadores. El accionante debe acreditar título legítimo o posesión. El juicio sigue su curso; lo que se acelera es la ejecución de la orden.

El plazo de 5 días hábiles aplica para la entrega efectiva del inmueble una vez que el juez dictó la orden de desalojo. No es el tiempo entre la denuncia y el desalojo: el proceso judicial previo continúa con sus plazos. La diferencia real: la etapa de ejecución de la sentencia es radicalmente más rápida.

Inspección judicial con el Defensor Público. En casos de no pago o vencimiento, el juez debe realizar una inspección dentro de los 5 días de la orden inicial con participación del Ministerio Público de la Defensa. El texto no establece qué consecuencias jurídicas tiene ese diagnóstico si detecta vulnerabilidad.

Actualización Dictamen 20/5: el dictamen incorpora la distinción entre locatarios en mora e intrusos o usurpadores. Para los primeros, se establece un período de intimación de diez días antes de iniciar acciones judiciales. Para los segundos, el mecanismo abreviado se mantiene. El texto también agrega salvaguardas para menores de edad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, con intervención obligatoria de organismos de asistencia social antes de ejecutar el lanzamiento.

Tierras rurales — Reescritura de la Ley 26.737

La Ley de Tierras Rurales de 2011 fija un tope del 15% de la superficie rural nacional en manos extranjeras y un 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad. El proyecto la reescribe casi por completo.

Qué se elimina: topes para privados extranjeros. Las restricciones de superficie desaparecen para personas físicas o jurídicas de capital extranjero. El argumento oficial: el límite no distingue entre inversión productiva y compra especulativa, y desalienta inversión genuina.

Qué se mantiene: restricciones para estados soberanos. La compra de tierras por estados extranjeros seguiría requiriendo autorización previa del Poder Ejecutivo. El proyecto diferencia entre capital privado extranjero (liberado) y soberanía estatal foránea (restringida).

⚠️ Antecedente fallido: el DNU 70/2023 ya derogó esta ley. La Cámara Federal de La Plata dictó una cautelar que la mantuvo vigente. Por eso el Gobierno va al Congreso: necesita una ley formal para que el cambio no sea judicialmente reversible.
Actualización — Artículo 25 del dictamen (20/5): el texto reformula el régimen para estados extranjeros. La prohibición de compra se mantiene, pero admite una excepción de doble llave: la provincia donde se ubican las tierras debe solicitarlo expresamente y el Ejecutivo Nacional debe autorizarlo de manera previa. La misma mecánica aplica a organismos descentralizados, empresas estatales y fondos con capitales públicos extranjeros. El tope del 15% para privados extranjeros queda eliminado: cada provincia pasa a tener dominio pleno sobre la regulación de su territorio. La fricción sobre zonas de frontera (ver sección 06) fue parcialmente abordada por este mecanismo.

Barrios populares — Reforma del RENABAP (Ley 27.453)

⚠️ Capítulo eliminado del dictamen (20/5): los bloques dialoguistas (UCR, PRO, Provincias Unidas) condicionaron su firma a la exclusión de este capítulo. El Gobierno comprometió tratar el tema en un proyecto separado. El análisis que sigue documenta lo que el proyecto original proponía.

La Ley 27.453 creó el Registro Nacional de Barrios Populares para regularizar la situación dominial de familias que viven en asentamientos informales, históricamente sin título de propiedad.

El diagnóstico oficial: 0,08% de formalización. El Gobierno sostiene que desde la creación del RENABAP solo el 0,08% de la superficie registrada fue escriturada en favor de sus habitantes. El modelo centralizado de regularización nacional habría sido crónicamente ineficiente.

El cambio: descentralización a provincias y municipios. El proyecto delega la regularización a los gobiernos locales. Las familias con certificado de vivienda familiar podrían escriturar, acceder a crédito con garantía hipotecaria y heredar formalmente su vivienda.

⚠️ Advertencia de la Iglesia: el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, advirtió que los cambios podrían tener un "efecto regresivo" sobre comunidades vulnerables. La escritura habilita la venta: en zonas de alta presión inmobiliaria, eso puede derivar en desplazamiento hacia la periferia urbana.

Manejo del fuego — Reforma de la Ley 26.815

La Ley 26.815 de 2012 establece que las tierras incendiadas quedan sujetas durante 60 años a cuatro restricciones: no pueden cambiar de uso, subdividirse, ser concesionadas ni destinarse a actividad agropecuaria diferente a la previa al incendio.

Lo que el proyecto elimina: esas restricciones serían derogadas, habilitando la venta y el cambio de uso. El argumento oficial: las restricciones castigan al propietario que no causó el incendio y desincentivan la inversión en recuperación del suelo.

Lo que NO cambia: el delito de incendio intencional. Quemar tierras intencionalmente sigue siendo delito penal. El proyecto modifica las consecuencias sobre el uso posterior, no la responsabilidad penal.

⚠️ El vacío del texto: organizaciones ambientales advierten que la posibilidad de uso productivo posterior crea un incentivo económico que el Código Penal no neutraliza por sí solo, especialmente cuando la probabilidad de condena por incendio rural es históricamente baja. El proyecto no incluye un mecanismo de verificación del origen del incendio como condición para levantar las restricciones.

04 / Perspectiva internacional

Cómo regulan otros países estos temas

El proyecto argentino no opera en el vacío: expropiaciones, restricciones a la compra de tierras y regularización dominial son cuestiones centrales en el derecho comparado. Estas son las referencias más relevantes.

🇺🇸 Estados Unidos

La Quinta Enmienda establece que la propiedad privada no puede ser tomada para uso público sin "justa compensación". Tras el fallo Kelo v. City of New London (2005), la Corte Suprema amplió la definición de "uso público" a desarrollo económico, generando una ola legislativa en más de 40 estados para restringir esa interpretación. El proyecto argentino va en la dirección opuesta a Kelo: busca acotar, no ampliar, el alcance de la expropiación.

🇧🇷 Brasil

La Constitución de 1988 consagra la "función social de la propiedad". Si una propiedad no cumple su función social (producir, proteger el ambiente), el Estado puede expropiarla con bonos en vez de dinero. El Estatuto da Cidade (2001) regula la propiedad urbana con herramientas como el IPTU progresivo. Argentina carece de un marco legal equivalente; el proyecto no incorpora el concepto de función social.

🇨🇱 Chile

La Constitución de 1980 establece una protección fuerte del derecho de propiedad con indemnización previa. El proceso constituyente de 2021–2023 intentó introducir la función social y ecológica de la propiedad, pero fue rechazado en plebiscito. Chile mantiene el modelo de protección robusta al propietario, similar al que propone el proyecto argentino para expropiaciones.

🇦🇺 Australia / 🇳🇿 Nueva Zelanda

Australia restringe la inversión extranjera en tierras agrícolas a través de la Foreign Acquisitions and Takeovers Act: toda compra por encima de cierto monto requiere aprobación del FIRB. Nueva Zelanda prohibió directamente la compra de tierras existentes por extranjeros no residentes en 2018. Ambos países mantienen restricciones que el proyecto argentino propone eliminar para privados.

🇪🇺 Europa (TEDH)

El Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege la propiedad pero permite restricciones por "interés general". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica un test de proporcionalidad: la injerencia debe ser legal, perseguir un fin legítimo y ser proporcionada. El estándar europeo exige un equilibrio que ni el régimen argentino actual ni el proyecto explicitan con tanta sofisticación.

🇨🇦 Canadá

Varias provincias canadienses (Saskatchewan, Alberta, Prince Edward Island) restringen la compra de tierras agrícolas por no residentes. Saskatchewan limita la propiedad extranjera a 10 acres. La lógica: proteger a los productores locales de la especulación financiera global. Es el tipo de regulación que el proyecto argentino busca desmontar.

Patrón global: la tendencia internacional predominante es mantener o reforzar restricciones a la compra extranjera de tierras agrícolas, no eliminarlas. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y varios países europeos aplican controles de distinto grado. El proyecto argentino se mueve en la dirección contraria a esta tendencia para privados, aunque mantiene restricciones para estados soberanos.

05 / Mitos y realidades

Lo que se dice vs. lo que dice el texto

Las afirmaciones más repetidas en el debate público, contrastadas con lo que el proyecto realmente establece.

❌ Falso

Los 5 días hábiles son para la entrega efectiva del inmueble una vez que el juez ya dictó la orden de desalojo. El proceso judicial previo —presentación, vista a la otra parte, resolución— continúa con sus plazos habituales. Un juicio de desalojo en Argentina tarda entre 1 y 3 años según la jurisdicción.

Lo que cambia es la rapidez de la ejecución, no la duración del juicio. La confusión se origina en lecturas parciales del texto que omiten la secuencia procesal completa.

❌ Falso

El Estado puede expropiar. Lo que cambia: debe justificar específicamente la utilidad pública, pagar al valor de mercado más lucro cesante, hacerlo antes de tomar posesión, y restituir el bien si no ejecuta la obra en dos años.

El derecho de expropiación existe y sigue existiendo en la Constitución Nacional (Art. 17). El proyecto modifica las condiciones para ejercerlo, no lo elimina. Comparativamente, las nuevas condiciones se acercan al estándar de la Quinta Enmienda de EE.UU. y al régimen chileno.

❌ No aplica al texto en debate

El capítulo sobre barrios populares (RENABAP) fue eliminado del dictamen de mayoría del 20 de mayo de 2026. El Gobierno comprometió tratar el tema en un proyecto separado. La afirmación —positiva o negativa— sobre escrituras, regularización o desplazamiento no aplica al texto que está en debate en el recinto.

El riesgo de regresividad documentado en este análisis sigue siendo relevante para evaluar el proyecto específico de RENABAP que el oficialismo comprometió presentar. En Brasil, la regularización de favelas mostró exactamente ese efecto: familias con título en zonas valorizadas vendieron y se mudaron a la periferia.

🔍 Debate abierto

El incendio intencional sigue siendo delito. El argumento oficial: las restricciones no disuaden los incendios (que siguen ocurriendo) pero castigan al propietario inocente.

El argumento en contra: la posibilidad de uso posterior crea un incentivo económico que la pena por sí sola no neutraliza, especialmente cuando la probabilidad de condena por incendio rural es históricamente baja en Argentina.

Modelos comparados como el de Portugal (post-incendios de 2017) exigen un período de verificación del origen del siniestro antes de autorizar cualquier cambio de uso. El proyecto argentino no incluye un mecanismo equivalente.

⚠️ Simplificación excesiva

El texto dictaminado tiene componentes que benefician a propietarios individuales (indemnización previa, retrocesión), componentes con impacto sobre sectores vulnerables (aceleración del desalojo para inquilinos en mora, aunque el dictamen sumó salvaguardas) y otros cuyo efecto depende de cómo reglamente cada provincia (tierras rurales). El capítulo sobre barrios populares fue eliminado del dictamen y no forma parte del texto en debate.

La caracterización binaria —a favor de ricos o de pobres— es un atajo retórico que oscurece la complejidad real del texto. Cada capítulo tiene ganadores y perdedores distintos, y el resultado final depende de las modificaciones que introduzca el Senado y de cómo se reglamente la ley una vez aprobada.

06 / Zonas de fricción

Dónde puede trabarse judicialmente

Los puntos del proyecto donde el texto más probablemente enfrente impugnaciones técnicas o tensiones constitucionales.

1. Soberanía y zonas de frontera. La Ley 26.737 prohíbe la venta de tierras en zonas de frontera e islas a cualquier persona extranjera. El proyecto original mantuvo la restricción solo para estados soberanos, sin establecer qué ocurre con privados extranjeros en esas zonas. Senadores de provincias limítrofes plantearon ese vacío como el mayor riesgo para la seguridad nacional. El dictamen del 20/5 abordó la cuestión vía el artículo 25: cualquier excepción para estados extranjeros en tierras de frontera requiere solicitud provincial y autorización previa del Ejecutivo Nacional. El mecanismo reduce el vacío del proyecto original; la amplitud de la discrecionalidad provincial sigue siendo materia de posibles impugnaciones.

2. Debido proceso en el desalojo expedito. La aceleración de la ejecución podría colisionar con el derecho de defensa en juicio (Art. 18 CN) en casos donde el ocupante alegue un título válido o una situación de vulnerabilidad no detectada en la inspección inicial. La participación del Defensor Público es una salvaguarda cuya efectividad práctica depende de los recursos del sistema judicial local, que varía enormemente entre jurisdicciones. En provincias con alta judicialidad y pocos defensores públicos, el mecanismo puede ser ineficaz en la práctica.

3. Retroactividad en expropiaciones en curso. Si el nuevo régimen de indemnización aplica a expropiaciones ya en trámite, el Estado podría enfrentar reliquidaciones considerables —por incorporación del lucro cesante y pago previo— en causas actualmente en litigio. El proyecto no establece con precisión la fecha de corte para casos iniciados bajo el régimen anterior. Este vacío es fuente casi segura de litigiosidad.

4. No regresividad en derechos sociales (riesgo desactivado por el dictamen). El proyecto original proponía transferir la ejecución del RENABAP a provincias sin garantizar recursos equivalentes, lo que podría haber colisionado con el principio de no regresividad del PIDESC. El dictamen del 20/5 eliminó ese capítulo del texto. La tensión constitucional quedó fuera del alcance de esta ley; será materia del proyecto específico sobre barrios populares que el Gobierno comprometió presentar por separado.

5. Tratados internacionales sobre ambiente. La eliminación de restricciones a tierras quemadas podría tensionar compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Escazú (2018) y en el marco del Acuerdo de París. Si bien estos tratados no prohíben expresamente la medida, organizaciones ambientales podrían argumentar que el cambio viola el principio de progresividad en materia ambiental.

07 / Actores clave

Quién apoya, quién resiste, quién negocia

El mapa de posiciones no se divide en dos bloques simples. Dentro de cada sector hay matices que pueden definir el resultado final de la votación.

🟢 Poder Ejecutivo (impulsa)

  • Milei y Sturzenegger presentan el proyecto como continuidad de la desregulación
  • Aceptan retoques a cambio de votos: señal de pragmatismo legislativo
  • Prioridad: blindar por ley lo que el DNU no pudo sostener

🟢 PRO y UCR (firmaron el dictamen)

  • Vischi (UCR) y Goerling (PRO) formalizaron el acuerdo el 6 de mayo y rubricaron el dictamen de mayoría el 20/5
  • La eliminación del capítulo RENABAP fue su condición central, obtenida
  • El artículo 25 con autorización doble en tierras de frontera respondió a sus planteos sobre soberanía

🟢 Provincias Unidas y dialoguistas (firmaron el dictamen)

  • Carlos Espínola (Provincias Unidas) formó parte del acuerdo del 6 de mayo y firmó el dictamen
  • Los bloques provinciales obtuvieron el artículo 25: las provincias regulan las excepciones en tierras rurales
  • La sesión en recinto está pendiente de confirmar quórum

🔴 Oposición (UxP y Convicción Federal)

  • Convicción Federal (senadora Moisés) presentó el dictamen de minoría el 20/5
  • UxP mantiene rechazo al régimen de tierras rurales y al mecanismo de desalojos
  • Con la eliminación de RENABAP, perdieron uno de sus argumentos más efectivos para sumar aliados

🔵 Iglesia Católica (objetivo alcanzado)

  • La presión de Cáritas y del Arzobispo Carrara sobre senadores del interior fue efectiva: el capítulo RENABAP fue eliminado del dictamen
  • No se pronunció sobre el resto del proyecto
  • El debate sobre barrios populares se trasladará al proyecto separado que comprometió el Gobierno

🟡 Sector agropecuario y empresarial

  • Apoyo a la liberalización de tierras y reforma de expropiaciones
  • SRA y CRA celebran la eliminación de topes a inversión extranjera
  • Presionan para aprobación rápida: ven oportunidad de atraer capital

08 / Preguntas frecuentes

Lo que más se pregunta

Entre 1 y 3 años en el proceso judicial estándar, dependiendo de la jurisdicción y la carga del juzgado. El proyecto no acorta el juicio: agiliza la etapa de ejecución de la sentencia. El plazo de 5 días aplica para la entrega material del inmueble una vez ordenada judicialmente.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (Ministerio de Justicia), el 8,9% de la superficie rural tiene algún componente de capital extranjero, muy por debajo del tope del 15%. El límite vigente no está siendo alcanzado. Lo que el proyecto cambia es el techo máximo permitido a futuro: de 15% a ilimitado para privados.

El proyecto prevé una inspección con participación del Defensor Público antes de ejecutar el desalojo. Sin embargo, el texto no establece plazos mínimos adicionales ni mecanismos de asistencia habitacional. Eso queda fuera del proyecto y depende de políticas sociales locales que no forman parte de esta reforma.

El DNU 70/2023 ya derogó la Ley 26.737. La Justicia dictó una cautelar que la mantuvo vigente. El Gobierno necesita una ley del Congreso para que el cambio tenga solidez jurídica y no sea reversible por un juez. Es una lección aprendida de 2024.

El dictamen de mayoría del 20 de mayo de 2026 habilitó el tratamiento en el recinto del Senado. El oficialismo construyó una coalición con UCR, PRO y bloques provinciales al costo de eliminar el capítulo de barrios populares y aceptar el esquema de autorización provincial para tierras rurales. Al 25 de mayo, la sesión está prevista para la semana del 28: falta confirmar quórum. Si logra la mayoría en el Senado, pasa a Diputados.

Cuatro cambios sustanciales. Primero, el capítulo sobre barrios populares (RENABAP) fue eliminado: no forma parte del texto que irá al recinto. Segundo, el lucro cesante en expropiaciones queda limitado al 30% del daño emergente, salvo prueba contraria. Tercero, la tasa de actualización combina IPC más la tasa activa del Banco Nación a 30 días. Cuarto, el régimen de tierras rurales introduce autorización doble para estados extranjeros: la provincia lo solicita y el Ejecutivo Nacional lo aprueba. El tope del 15% para privados foráneos desaparece.

En materia de expropiaciones, el proyecto se acerca al estándar de EE.UU. y Chile (protección fuerte al propietario). Pero en tierras rurales, va en dirección contraria a la tendencia global: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la UE mantienen o refuerzan restricciones a la compra por extranjeros. En materia de regularización, Brasil ofrece una referencia mixta: formalizó millones de títulos pero enfrentó desplazamiento en zonas valorizadas.

Ninguno mientras el contrato esté vigente y se cumpla. El desalojo expedito aplica a contratos vencidos o a situaciones de mora comprobada, no a contratos en curso. Un inquilino al día con su alquiler y dentro de su plazo contractual no es alcanzado por el mecanismo de desalojo rápido.

09 / Fuentes

Fuentes del análisis

📄 Documentos oficiales

  • Texto del proyecto de ley — Senado de la Nación, marzo 2026 (53 artículos, 6 capítulos)
  • Ley 21.499 — Expropiaciones (1977), Infoleg
  • Ley 26.737 — Tierras Rurales (2011), Infoleg
  • Ley 27.453 — RENABAP (2018), Infoleg
  • Ley 26.815 — Manejo del Fuego (2012), Infoleg
  • CPCCN — Arts. 680 bis y 684 bis, Código Procesal vigente

📊 Registros y datos

  • Registro Nacional de Tierras Rurales — Ministerio de Justicia, datos de extranjerización por provincia
  • Plenario de comisiones — Senado, 8 abril 2026, exposición del ministro Sturzenegger
  • Dictamen de mayoría OD 104/26 — Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Senado de la Nación, 20 mayo 2026
  • Cámara Federal de La Plata — Fallo cautelar sobre DNU 70/2023 y Ley 26.737
  • Kelo v. City of New London — 545 U.S. 469 (2005), Corte Suprema de EE.UU.
  • Acuerdo de Escazú — CEPAL, 2018 (ratificado por Argentina)
  • Cáritas Argentina — Declaración del Arzobispo Gustavo Carrara sobre RENABAP

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